Skip to content

¿Cuándo pedir excedencia incompatibilidad función pública?

Index

    Si eres funcionario público y te encuentras en una situación laboral estable, es probable que seas titular de una plaza en el sector público. Sin embargo, según la normativa vigente, existen casos en los que es necesario comprobar si es compatible simultanear funciones en diferentes puestos. En caso de que no lo sean, ¿qué se puede hacer?

    En este artículo, te explicaremos los casos en los que procede solicitar la excedencia por incompatibilidad en la función pública. También abordaremos si esta normativa es aplicable al personal de los Ayuntamientos y dónde se puede solicitar la excedencia.

    Casos en los que procede la excedencia por incompatibilidad

    La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley puede compatibilizar actividades y desempeñar, de forma simultánea, un puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, siempre y cuando se cumplan los supuestos previstos en la misma. En otras palabras, la regla general en la función pública es la incompatibilidad, como explicamos aquí.

    Concretamente, el capítulo III de la Ley (artículos 3 a 10) está dedicado a la integridad y compatibilidad de las actividades públicas. En este sentido, el artículo diez de la Ley establece que aquellos que accedan a un puesto en el sector público que resulte incompatible deberán optar en un plazo de toma de posesión. Si no se opta por el puesto, se pasará a la situación de excedencia voluntaria que se venía desempeñando. En caso de que haya puestos susceptibles de compatibilidad, la persona interesada deberá solicitar la correspondiente autorización en un plazo de diez días desde la toma de posesión. Este plazo se entiende prorrogado hasta que recaiga resolución.

    Además de lo anterior, el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración del Estado. En su artículo 15 se ocupa de regular la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público (excedencia por incompatibilidad) y determina los casos en los que procede su declaración. Así, encontramos las siguientes situaciones:

    1. Funcionarios de carrera que se encuentren en activo en un cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas y pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público que corresponda quedar en situación de servicio activo o servicios especiales. Se considerarán incluidas en el sector público las empresas controladas por la Administración, conforme a los medios previstos en la legislación mercantil. Es decir, se incluyen las plazas en empresas públicas, fundaciones, consorcios, etc.

    2. Funcionarios integrados en la función pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de funcionarios distintos a los que inicialmente hubieran integrado.

    3. Con relación al desempeño de puestos de carácter interino o laboral temporal, habilita a pasar a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público (véanse SSTS de 23 de diciembre de 2008 y 6 de mayo de 2010).

    Además, el apartado 3 del artículo 15 citado establece que los funcionarios que permanezcan en situación de excedencia mantendrán la relación de servicios que originó dicha situación. Sin embargo, en caso de que se produzca el cese, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en un plazo máximo de 1 mes. En caso de no hacerlo, el empleado pasará automáticamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con las consecuencias que ello conlleva.

    ¿Es aplicable esta normativa al personal de los Ayuntamientos?

    Pudiera pensarse que el Reglamento de situaciones administrativas traído a colación tiene aplicación al personal de la Administración del Estado. Sin embargo, esta cuestión ha sido debatida judicialmente y los empleados municipales han alegado que no resulta de aplicación. No obstante, el Reglamento opera en ausencia de normativa específica y así lo detalla el TSJ de Asturias en una reciente sentencia del 27 de mayo de 2019. En ella se recoge lo siguiente:

    "(…) Impugnada la sentencia apelada, confirmar la resolución administrativa recurrida aplicando subsidiariamente a los funcionarios de la Administración Local encaje en el marco de la legislación estatal, operaría en ausencia de normativa específica (STS de 22.12.2001), el artículo 15.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado. En este sentido, conforme al art. 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local «los funcionarios al servicio de las Administración local se rigen, en lo no dispuesto en la Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y por la restante legislación en materia de función pública, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución». A su vez, el art. 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público señala que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que le resulte de aplicación, en la forma prevista en el Estatuto, por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. (…)"

    De lo anterior se desprende que, efectivamente, las bases referidas al conjunto de funcionarios de las Administraciones Públicas constituirán el marco de la Función Pública derivado de la Constitución, aunque la situación administrativa objeto del presente procedimiento pudiera diferir (aunque en su denominación), de la excedencia voluntaria de la que habla el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984 y la Legislación citada en la LMRFP, es decir, la situación que procedía declarar a los funcionarios públicos que se encuentren en situación de servicio activo en un Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas y pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público que corresponda quedar en situación.

    En los casos en los que falta legislación específica o estemos ante una laguna normativa autonómica, se evitará la aplicación de la normativa estatal, en aplicación del artículo 149.3 in fine de la Constitución Española y la Legislación citada en la CE, art. 149.3. (…)

    En definitiva, el Reglamento de situaciones administrativas resulta de aplicación también a los empleados de los entes locales.

    ¿Dónde solicitar la excedencia?

    La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público es una institución de utilidad que permite al funcionario abandonar su puesto o renunciar a su plaza, sin necesidad de acreditar el período mínimo de permanencia que se exige en otras excedencias, como la excedencia por interés particular. Sin embargo, se reserva la plaza o puesto de trabajo, de manera que, en caso de que se desee volver al puesto que se ostenta, se garantiza el regreso a dicho destino.

    Para solicitar la excedencia, la persona interesada deberá dirigirse a la sede electrónica de la Administración correspondiente y rellenar el formulario facilitado. Normalmente, este trámite se puede hacer de forma telemática en España.

    Estar en la función pública tiene multitud de ventajas y, sin duda, la posibilidad de pasar a la situación de excedencia voluntaria es una de ellas. No obstante, si tienes dudas, no dudes en ponerte en contacto con abogados contencioso administrativos especialistas en la materia para que te asesoren sobre tu situación particular y te ayuden en caso de que tu solicitud de excedencia sea denegada por la Administración.

    Si quieres saber más sobre tus derechos en la excedencia voluntaria laboral, te recomendamos visitar los siguientes enlaces:

    Recuerda que es importante conocer tus derechos y tomar decisiones informadas en tu carrera profesional.